Puerto Rico vive un momento histórico a causa de la disminución de su producción agrícola, en gran medida debido al impacto de los huracanes Irma y María que ocasionaron pérdidas cuantiosas. Cuando se comenzaba a vislumbrar alguna recuperación, llegó la pandemia del COVID-19 que ocasionó el cierre de los comercios donde se podían mercadear los productos, tales como los restaurantes, comedores escolares y mercados familiares.
La crisis de producción mundial se siente más fuerte en nuestra isla por la falta de un sentido de urgencia en atender como un asunto de seguridad nacional la escasez de productos locales y el aumento en los precios de los productos extranjeros.
Prácticamente todos los países protegen a sus agricultores por cuestiones de soberanía alimentaria. Determinados alimentos, al estar subvencionados, originan excedentes que a menudo se venden por debajo de su costo de producción en los mercados mundiales.
La producción agrícola de un país está vinculada a su seguridad nacional. (Archivo)
Puerto Rico, lamentablemente, sigue tomando la ruta de destruir la producción local, con políticas públicas ajenas a aumentar el producto local y salvaguardar la importancia de nuestros recursos. Un estudio realizado por el Ingeniero agrónomo Santiago Mateo expone lo siguiente: “la escasez de agua estructural, la degradación de los suelos, el cambio climático, la explosión demográfica, la contaminación del agua y la violencia o los conflictos.
Debido a estas causas, la población rural se desplaza a las ciudades. Lo malo, no es que el Estado gane un nuevo consumidor, sino que pierde un productor que abastecía al mercado local, por lo que aumenta la inseguridad alimentaria de la ciudad. En la urbe pierde el derecho que tenía a los alimentos adecuados en donde los ingresos determinan el acceso a los alimentos mucho más que en el sector rural por falta de auto producción agropecuaria”.
Los fondos destinados a subvencionar la producción local no llegan a los agricultores, se quedan en el presupuesto de administración. Los agricultores han enfrentado muchas dificultades para acceder a los mismos. El saldo del proceso se refleja en que se han atendido 145 casos de 2,000 solicitudes, que se traducen en $8.7 millones de un fondo de $92.5 millones. Esta situación dilata significativamente la disminución de la desigualdad y la posibilidad de aumentar la capacidad de producir. Se deben integrar políticas educativas que aseguren un cambio cultural, que aseguren la continuidad en la producción local y afiancen las pocas industrias sustentables que nos quedan.
Un aplauso para la Escuela Vocacional Agrícola de Soller, en el Barrio Cibao de Camuy, que aún lo intenta con los pocos recursos que tiene, mediante la implementación de un programa para ordeño y sus nuevas instalaciones de Horticultura para personas con diversidad funcional.
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