En estos días ha resurgido, con un salpique de alarma, el tema de la seguridad alimentaria de Puerto Rico. Hemos sido testigos de la escasez del producto local en las góndolas de los supermercados, que se ha visto agravada por los recientes acontecimientos históricos, como la pandemia. Primero fueros los pavos en Acción de Gracias, ahora son las papas, los huevos, los pimientos, entre otros. Las importaciones masivas que se realizaban antes de la pandemia podían disfrazar la falta de producción de alimentos; sin embargo, los demás países productores también están sufriendo la escasez de excedente y como consecuencia, limitan las exportaciones, lo que ha causado una debilidad en la cadena de producción y distribución de alimentos.
El sentido de urgencia, y un Plan de Desarrollo Agrícola Sostenible, escuchando a los diferentes sectores y tomando en consideración la diversidad, pueden ser un punto de partida para atender la crisis, escribe Soemi Morales. (XAVIER GARCIA)
La Organización Mundial de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) destaca la vulnerabilidad que tenemos las islas en los sistemas agroalimentarios y cómo es necesario fortalecerlos con política pública destinada a robustecer significativamente la producción local, que actualmente se encuentra por debajo del 10%. Es crucial enfocar nuestro sistema en la canasta de alimentos de la mesa de los puertorriqueños, como era a principios del siglo pasado, cuando contábamos con una economía agrícola sostenible, enfocada en el azúcar, café, farináceos y tabaco. Aunque se ha comprobado que la agricultura diversificada es más resiliente que los monocultivos, debido a los diferentes estratos de vegetación, y que atiende mejor la necesidad del colectivo.
La derogación de la Ley 225 del Agricultor Bonafide, que resultó de una enmienda a la Ley 60 del Código de Incentivos Contributivos de Puerto Rico, según enmendada el 22 de octubre de 2021, requiere a los agricultores solicitar un decreto al Departamento de Desarrollo Económico para obtener la exención, que antes le quedaba automáticamente concedida por la Certificación emitida por el Departamento de Agricultura, que es la agencia encargada de evaluar cada solicitud. Este paso adicional hace redundantes los procesos y vuelve oneroso y exhaustivo obtener el beneficio contributivo, provocando el desánimo en los agricultores, que se sienten cada vez más abandonados por las instituciones.
Organizaciones no gubernamentales como World Central Kitchen, con su programa “Plow to Plate”, y el Banco de Alimentos, con una iniciativa similar conocida como “Hambre Cero”, han entendido la necesidad de incentivar a los agricultores y pescadores que han enfrentado retos nunca antes vividos, y que han ocasionado una merma sostenida y sin precedentes en la actividad agrícola puertorriqueña. Por otro lado, de las ayudas gubernamentales por los huracanes Irma y María no se ha desembolsado ni el 8% de los $92 millones en fondos disponibles. El sentido de urgencia, y un Plan de Desarrollo Agrícola Sostenible, escuchar a los diferentes sectores y tomar en consideración la diversidad pueden ser un punto de partida para atender la crisis.
Necesitamos entender la necesidad de cuidar al agricultor puertorriqueño, porque si continuamos cambiando las panas por las papas, nos quedaremos con nada.
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